A partir del 14 de abril de 2013, el ordenamiento jurídico español introdujo la obligatoriedad de cumplir con las directivas europeas sobre la certificación energética de los edificios.
Por ello, el delegado local de UPyD en Burjassot se pregunta por qué “edificios de reciente construcción como son las nuevas dependencias de la Policía Local de exhiban una categoría E (siendo la A, la categoría de mayor eficiencia energética y G, la peor) con el consiguiente derroche de energía, situación que los propios técnicos del Ayuntamiento de Burjassot no debían de haber admitido cuando se les presentó el proyecto”.
UPyD considera necesaria la adopción e implantación de estas certificaciones ya que “resultarán fundamentales para la adopción de las medidas correctoras que se establezcan, y que se verán inmediatamente reflejadas en un ahorro considerable para las maltrechas arcas del Ayuntamiento de Burjassot, además de paliar carencias en determinados edificios y construcciones”.
En este momento, el ahorro de energía y la eficiencia energética están plenamente instaladas en el sector industrial, y muy avanzado en el sector servicios. Solo queda que se popularicen en el sector doméstico, donde llevamos muchos años de retraso.