El Ayuntamiento de Paterna se enfrenta a una sentencia judicial que podría suponer un grave perjuicio para las arcas municipales. Una jueza ha condenado al Consistorio a pagar 3, 5 millones de euros a una entidad bancaria por la sede de las empresas municipales después de que Sumpa dejara de pagar en febrero de 2012 su alquiler.
Y la cantidad se exige al Ayuntamiento porque un concejal popular suscribió, con el contrato de leasing, una comfort letter, un documento anexo en el que el Ayuntamiento se hacía responsable si Sumpa no cumplía con el pago de los plazos mensuales. En la sentencia, la jueza reconoce que dicho concejal pudo actuar de forma “temeraria” al firmar ese documento pero lo cierto es que la decisión judicial da la razón a la entidad bancaria y condena al Ayuntamiento a abonar la deuda.
Los servicios jurídicos del Consistorio estudian ya el caso con el objetivo de que se pueda resolver con el menor perjuicio posible para las arcas municipales.