El diputado del grupo parlamentario popular Luis Santamaría ha denunciado que la Ley de la Huerta es una "dictadura agrícola" porque en su articulado permite la expropiación de explotaciones y prevé una batería de tasas que, a su juicio, asfixiará a los agricultores.
Tanto que el PPCV propondrá que no entre en vigor hasta que se haga el Informe de Viabilidad de las explotaciones que reclaman las organizaciones agrarias y que debe ser consensuado con ellas.
Además, el PP propondrá no entre en vigor hasta que los agricultores y la Conselleria lleguen a un acuerdo sobre las compensaciones e indemnizaciones que deben recibir por esas cargas que se le imponen a los agricultores y que van mucho más allá de sus tareas agrícolas.
Santamaría ha añadido que además, la Ley de la Huerta es un Pativel encubierto ya que "arrasará" con muchas de las dotaciones sociales que ya tienen aprobado los 45 municipios afectados por la norma como colegios, parques públicos o infraestructuras de interés ciudadano.
El PP intentará que los vecinos de los municipios afectados "conozcan las consecuencias de la normativa que pretende aprobar el Consell" y que en localidades como Sedaví, tumbará un colegio y un parque público.
La Ley de la Huerta afecta a los 221.000 habitantes de l'Horta Nord, a 106.000 habitantes de LlHorta Sud (salvo Picassent, Silla, Albal, Alcácer y Beniparrell), los 800.000 habitantes de la ciudad de València con sus Pedanías Sur, Norte y Oeste, los 80.000 de Torrent además de los 253.000 habitantes de l'Horta Oest (menos Aldaya, Alaquàs y Manises).
