Al parecer, el acusado recibía dinero por adelantado de los clientes, iniciaba los procedimientos y los dejaba a medias sin informar de ello a los perjudicados. Cuando las víctimas intentaban contactar con él, desaparecía, cerraba el despacho y dejaba de contestar al teléfono.
Como se quedaba con toda la documentación original que los clientes le habían entregado, les impedía que pudieran proseguir los pleitos con otros abogados en los casos en los que aún hubiera sido posible ya que otros fueron archivados por inactividad del letrado.
Por todo ello, el fiscal pide seis años de cárcel, 10 de inhabilitación y multa de 11.520 euros por apropiación indebida y deslealtad profesional.
