Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la acusada registraba los fármacos que vendía como si se trataran de medicinas expeiddas con receta de pensionistas por lo que indicaba como ingreso una cantidad mucho menor de la que realmente había abonado el cliente, quedándose ella con la diferencia.
El fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa. Los hechos ocurrieron en 2010.
