El Consistorio es el titular del centro y, tal como pretendía el Consell, debía ser el encargado de cobrar a las familias de los usuarios las tasas del copago. Sin embargo, como se explica al final de la carta, “el Ayuntamiento de Mislata, en desacuerdo desde el principio con la medida del copago para los usuarios de los centros de servicios sociales, decidió en su día no aplicarla y seguir asumiendo el coste íntegro de los servicios. Así pues, el servicio ha seguido manteniendo su gratuidad durante todos estos meses y esta voluntad es la que vamos a seguir mostrando, con la esperanza de que la Generalitat desista en su intención”.
El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a las familias de los usuarios del Centro Ocupacional de Mislata e incluso ha llegado a participar con ellos en las protestas ante las puertas del Palau de la Generalitat. Se trata de un grupo de 40 chicos y chicas con discapacidad intelectual que, gracias al Centro Ocupacional, reciben formación especializada y aprenden a desarrollar habilidades sociales y profesionales para integrarse plenamente en la sociedad.
Desde el pasado 2 de agosto y para aplicarla con carácter retroactivo desde enero de 2014, la Generalitat ha pretendido hacerles pagar unas tasas que de media rondaban los 300 euros al mes y que en algunos casos llegaban hasta los 500 euros, unas cantidades que Bielsa siempre ha considerado “desorbitadas” y que, en su opinión, demuestran que “el PP se ensaña con los más débiles y pretende hacerles pagar las consecuencias de su nefasta gestión, es una indecencia”.
En esta línea, el grupo municipal socialista presentó ayer una moción que se debatirá en el Pleno de este mes para exigir a la Generalitat la derogación del copago a personas discapacitadas y/o dependientes. Concretamente, la moción pide al Consell que “retire el recurso contra dicha sentencia y no solicite la suspensión de la misma”, además de comprometerse a “no aprobar mediante ley ningún tipo de copago”.