Por este motivo, según explicó el alcalde de la localidad, Miguel Bailach, a Hortanoticias, el Consistorio ha sido obligado a abonar la parte de la multa impuesta que no se podía satisfacer con los bienes del condenado, actualmente en prisión.
Según Bailach, la autoridad judicial considera que la circunstancia de que los hechos ocurrieran en un espacio de titularidad pública convierte al Ayuntamiento en responsable subsidiario.
Aunque el primer edil insistió en que desde el equipo de Gobierno consideran la medida “injusta” porque se trata de una causa penal y no civil, lo cierto es que en el pleno del pasado lunes, se aprobó una modificación presupuestaria para hacer frente al pago exigido por el Juzgado y que asciende a 123.000 euros.