El pleno del Ayuntamiento de Manises aprobó en la sesión del mes de septiembre, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV 5,APM-Compromís 5 y Podemos 1) y en contra de la oposición (PP 6 y Vox 4), una moción para pedir a la Generalitat Valenciana que ejecute un plan de choque urgente para que ponga al día los expedientes de la ayuda a la dependencia y garantice a las personas solicitantes el acceso a las prestaciones adecuadas.
El concejal de Servicios Sociales, Juan Carlos Esteve, ha asegurado que "mientras el Ayuntamiento de Manises lleva al día las valoraciones a la dependencia gracias al gran trabajo del equipo de los Servicios Sociales municipales, un paso previo necesario en las solicitudes de dependencia, la Generalitat Valenciana no resuelve los expedientes, lo que perjudica a las personas más vulnerables de nuestra localidad porque las prestaciones llegan con mucho retraso".
El equipo de gobierno municipal pide, a través de esta moción, que la vicepresidencia segunda y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana garantice el cumplimiento de la Ley de la Dependencia como una prioridad, puesto que supone asegurar un derecho fundamental, que afecta, sobre todo, a personas en situación de vulnerabilidad.
Los Servicios Sociales municipales de Manises han iniciado y valorado 272 expedientes en el primer semestre de 2024, pero la conselleria solo ha resuelto 40 solicitudes con la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) correspondiente, lo que supone un 14,7%. La diferencia respecto al mismo periodo del año anterior, el primer semestre de 2023, radica en que de los 262 trámites iniciados, el gobierno autonómico del Botánico resolvió 155 solicitudes de dependencia, un 59,2%.
Además, el Ayuntamiento de Manises exige mayor transparencia y comunicación por parte dela administración autonómica hacia la ciudadanía sobre el estado de los expedientes de la ayuda a la dependencia, además de la celeridad en los trámites. Finalmente, el consistorio manisero reclama a la Conselleria que incremente el número de plazas residenciales públicas y que no favorezca la creación de residencias privadas, puesto que su pretensión es reducir las públicas del 85 al 60%, en favor de las privadas.
