La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado a sendas penas de cuatro años de prisión por otros tantos delitos fiscales al ex presidente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo; al exgerente de la entidad, Esteban Cuesta, y al empresario Jorge Ignacio Roca Samper.
Las facturas "mendaces" que las tres empresas emitieron a Emarsa están relacionadas con la actividad de gestión agrícola del fango, basuras y arenas producidas en la EDAR de Pinedo como consecuenciadel proceso de depuración de aguas residuales.
De esta forma, los acusados no sólo mejoraban la comisión ilícita que el empresario acusado les solicitó por su función de intermediación mercantil simulada, correspondiente al IVA de cada factura, sino que también obtenían una mayor devolución de la cuota tributaria solicitada a la AEAT, señala la resolución.
Tras recibir las facturas de estas sociedades interpuestas, Crespo y Cuesta las incluían en las declaraciones mensuales de IVA así como en la declaración anual del impuesto "con pleno conocimiento de que dicho proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa y que el servicio contemplado en dichos documentos mercantiles era un servicioque estaba siendo prestado por otra empresa a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior".
Gracias a la inclusión de las cuotas de IVA soportado reflejado en estas facturas inauténticas, los acusados obtuvieron devoluciones tributarias a las que no tenían derecho por la normativa del impuesto referido.
4 delitos contra la Hacienda Pública
La titular del Juzgado de lo Penal 6 considera a Crespo y Cuesta autores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública por devoluciones indebidas en las liquidaciones del IVA de Emarsa, mientras que al empresario le condena como cooperador necesario de esos mismos delitos.
La magistrada aprecia en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas e impone a cada acusado, por cada uno de los cuatro delitos, un año de prisión, el pago de una multa y la pérdida durante tres años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social.
Igualmente, la sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, establece que los dos exdirectivos deben indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública con el montante total defraudado, y con la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas utilizadas para el fraude y de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en cuanto sucesora del obligado tributario.
Para el cumplimiento de las penas principales y de la responsabilidad subsidiaria que se impone en esta resolución, les abono todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otras.
