Hace ya dos años, concretamente el 17 de junio de 2018, atracaba en Valencia el buque Aquarius -y otros dos buques en los que se repartieron los más de 600 migrantes que se hacinaban en un principio en él- convirtiéndose así en símbolo del espíritu acogedor y solidario de la ciudad de València. Una ciudad que, ya entonces, enarboló la bandera de ciudad refugio y ofreció lo mejor de sí misma para ayudar a un numeroso grupo de seres humanos en una desesperada situación.
Aquel hecho marcó un hito que visibilizó una realidad cruel, despiadada y en algunos momentos controvertida con el mar Mediterráneo como escenario. Y puso el objetivo sobre una situación que requería acciones urgentes de la Unión Europea en su conjunto y que determinados países del entorno dejaran de mirar para un lado.
El acto se celebró a las 20 horas en un lugar también emblemático del activismo ciudadano valenciano, la plaza de Patraix, cuna de uno de los movimientos vecinales más comprometidos que se recuerdan -por citar un ejemplo, a la memoria acuden iniciativas como la emprendida en este barrio de Valencia para ayudar a los afectados por el tristemente célebre terremoto de la población murciana de Lorca-.
Los participantes en el acto han sacado la famosa 'tarjeta roja' -no confundir con la acepción futbolística- que les acredita como solicitantes de protección internacional y les permite vivir y trabajar legalmente en nuestro país hasta que el Gobierno responda a su solicitud de regularización.
Lamentablemente, estos permisos las empresas los desconocen, lo que hace que no acepten en la gran mayoría de casos a estas personas cuando acuden a ellas a pedir trabajo.
La ayuda del Gobierno duró 18 meses y llegó a su fin el pasado mes de diciembre. Desde entonces, todos han salido del programa de acogida y la crisis del COVID-19 no ha contribuido precisamente a que su situación se acerque a normalizarse. Sin trabajo, sin comida, sin ayuda. En sus camisetas azules, un lema "In Spain we trust (en Espala confiamos).
