La ex alcaldesa y la ex concejal de Urbanismo, al juzgado por una expropiación que los técnicos se negaron a considerar

La ex alcaldesa de Paterna Elena Martínez y la ex concejal de Urbanismo María Villajos, actualmente ediles del grupo del PP en el Ayuntamiento de Paterna, en la oposición, han tenido que declarar hoy en el juzgado en calidad de investigadas en una demanda criminal presentada por los propietarios de una parcela que el Ayuntamiento no quiso expropiar. La decisión fue de los técnicos del área y el asunto no llegó ni a la concejal ni a la alcaldesa pero, tratándose de un acto administrativo, son las últimas responsables, según han informado fuentes del PP.

Así, hoy han tenido que declarar ante el juez y ambas han respondido a todo lo que se les ha preguntado que estaba dentro de sus conocimientos puesto que se trata de un asunto urbanístico “muy técnico” y dado el hecho de que no eran conocedoras al detalle de la cuestión en particular ya que, al no considerar los técnicos viable esa expropiación, la actuación no se llegó a someter a consideración de los cargos políticos, siempre según la versión de los populares.

De hecho, se trata de un asunto que comenzó en 1999, ocho años antes de la llegada del PP al Gobierno de Paterna y tanto Martínez como Villajos pidieron ser asistidas por los servicios jurídicos del Consistorio pues han sido llamadas por el cargo que ocupaban cuando llegó la citación judicial, apenas unas semanas antes de que concluyera la anterior legislatura. Finalmente, la petición no fue atendida y lo servicios jurídicos del Ayuntamiento están asesorando sólo al técnico mientras que las dos ediles del PP cuentan con sus propios abogados.

“Si se hubiera retrasado unas semanas más el asunto, sería Sagredo quien hubiera tenido que declarar hoy”, han señalado desde el PP, donde se muestran convencidos de que el asunto quedará “en nada” puesto que no hubo ni tan si quiera participación por parte de las dos encausadas que ocupaban entonces responsabilidades políticas.

Desobediencia judicial

Al parecer, la querella criminal se interpuso porque los propietarios consideraban que el Gobierno municipal no había acatado una sentencia del Supremo sobre la anulación de un acuerdo plenario de 1999 que regulaba la ordenación de la zona donde se encontraba la parcela de los demandantes. Supuestamente, el Gobierno municipal, ya con el PP al frente, sólo ejecutó parte de la sentencia y dilató el cumplimiento del resto de "manera injustificada". Por eso se les imputa un delito de desobediencia judicial aunque desde el PP insisten en que los trámites los llevaron a cabo los técnicos de manera justificada y así lo declararon ayer ante el juez.