La mujer acusada de matar a su pareja sentimental administrándole una gran cantidad de laxantes, ha ingresado este mismo martes en prisión tras ser declarada culpable por un jurado popular.
Así lo ha acordado el magistrado que ha presidido el juicio contra la mujer, de nombre Mari Carmen, sobre la que el jurado ha emitido este martes un veredicto de culpabilidad con ocho votos a favor y uno en contra.
Tras este veredicto, la Fiscalía ha pedido al magistrado que condene a la acusada a 28 años de prisión por un delito de asesinato, estafa y falsedad, mientras que las acusaciones particulares -que representan a los hijos de la víctima- han elevado la petición a 31 años. La defensa ha anunciado que recurrirá la resolución y ha pedido que se imponga a su representada la pena mínima por cada delito.
Tras escuchar a las partes, el magistrado se ha retirado a deliberar y, finalmente, ha decidido que la acusada ingrese en prisión esta misma jornada.
El jurado ha considerado probado que la acusada, de 49 años cuando inició la relación, administró en verano de 2020 a su pareja, Salvador, un viudo de 68 años con varios trastornos médicos, laxantes sin que él lo supiera.
El paciente fue ingresado en septiembre del mismo año y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Al volver a casa, Mari Carmen continuó administrándoselos, lo que provocó un nuevo ingreso durante el que siguió dándoselos a pesar de que era consciente que podían causarle la muerte. Durante el tiempo de hospitalización hasta su muerte llegó a comprar más de 1.000 comprimidos de Dulcolaxo, más de 500 unidades de Evacuol y otras 500 de Seguril.
La víctima desarrolló una diarrea crónica funcional y refractaria a cualquier tratamiento y una deshidratación y deterioro progresivo hasta que falleció el 16 de abril de 2021 por un shock séptico severo, extremo éste sostenido por unanimidad por el jurado.
Por otra parte, entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada realizó hasta 152 extracciones de dinero de cuentas y compras con tarjetas de crédito de la víctima por valor superior a los 120.000 euros. También solicitó dos créditos a nombre del enfermo que suscribió telefónicamente simulando la intervención del hombre.
El jurado ha dictaminado por unanimidad que la acusada se aprovechó de la situación de desvalimiento de Salvador y de la relación de confianza que ambos mantenían. Además, han reclamado que no se aplique ningún beneficio a la acusada y que no se proponga al Gobierno el indulto de la pena que le sea impuesta.
