La Generalitat Valenciana ha anunciado un nuevo paquete de medidas dentro del Plan de Vivienda dana, destinando 91,6 millones de euros hasta 2027 para paliar los daños ocasionados por la riada de octubre. La vicepresidenta Susana Camarero ha detallado que se promoverá la instalación de 200 casas industrializadas en los municipios más afectados y se ofrecerán subvenciones de hasta 20.000 euros para la adquisición de 500 viviendas de protección pública (VPP).
25 millones para viviendas industrializadas y 10 millones en ayudas a la compra
El plan contempla una inversión de 25 millones de euros para la construcción industrializada de 200 viviendas, de los cuales 15 millones provendrán del Consell y hasta 10 millones de fondos europeos Next Generation. Adicionalmente, se destinarán 10 millones de euros entre 2025 y 2027 en ayudas directas de hasta 20.000 euros por inmueble para facilitar la compra de 500 VPP por familias afectadas.
Complemento a las ayudas al alquiler ya existentes
Camarero ha subrayado que estas iniciativas se suman a las ayudas ya aprobadas, como el fondo de 50 millones de euros para el alquiler de viviendas, del que ya se han beneficiado más de 800 familias con una inversión de 15 millones en 2024. Los 35 millones restantes se adjudicarán durante este año.
Evaluación de daños estructurales y inspección de sótanos
El Plan de Vivienda dana también incluye una evaluación exhaustiva de daños estructurales en edificaciones a través del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), con el objetivo de elaborar hasta 15.000 informes técnicos. Esta tarea cuenta con la participación de más de 130 técnicos especializados. Asimismo, se realizará un programa especial para la inspección técnica de sótanos y garajes afectados, con una inversión de 610.000 euros.
Apuesta por la vivienda con el Plan Vive y medidas fiscales
Camarero ha destacado que estas medidas se enmarcan en la apuesta general del Consell por la vivienda, incluyendo el Plan Vive para la promoción de nuevas viviendas, la reducción de la presión fiscal para jóvenes y colectivos vulnerables en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y una línea de avales para facilitar el acceso a la primera vivienda a jóvenes.
