La Generalitat ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Paterna por el funcionamiento del centro de menores de Alborgí sin la preceptiva autorización. La resolución, emitida por la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias, considera que el consistorio podría haber cometido una infracción muy grave, lo que podría derivar en una sanción económica y otras medidas administrativas.
El Ayuntamiento de Paterna presentó la solicitud para regularizar la actividad en abril de 2022, pero el 23 de junio de ese año la Conselleria emitió un informe desfavorable, dando un plazo de tres meses para corregir las deficiencias detectadas. Sin embargo, no se presentó la documentación requerida, lo que llevó a la caducidad del expediente en febrero de 2024.
En enero de 2025, el Ayuntamiento de Paterna volvió a solicitar la autorización, pero para entonces la Generalitat ya había iniciado el procedimiento sancionador tras la inspección realizada en noviembre.
Posible multa de entre 80.000 y 300.000 euros
La Generalitat considera que la falta de autorización constituye una infracción muy grave, tipificada en el artículo 140 de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. Entre las sanciones que podría enfrentar el Ayuntamiento se encuentran multa de entre 80.001 y 300.000 euros; prohibición de acceder a financiación pública durante un período de hasta tres años; cierre temporal o definitivo del centro e inhabilitación para gestionar servicios sociales por un periodo de hasta cinco años.
El informe señala que, pese a la falta de autorización, el centro ha estado en funcionamiento con 37 menores atendidos diariamente, distribuidos en diferentes grupos de edad.
Compromís exige explicaciones
Desde Compromís per Paterna, su portavoz Carles Martí ha criticado la gestión del equipo de gobierno municipal y ha exigido explicaciones sobre la situación del centro. La formación ha subrayado que esta situación pone en riesgo a los menores y podría derivar en un perjuicio económico para el Ayuntamiento si finalmente se impone una sanción.
El procedimiento sancionador abre un plazo de diez días para que el Ayuntamiento pueda presentar alegaciones. Mientras tanto, la Generalitat estudiará las posibles sanciones que podrían aplicarse en función del desarrollo del proceso.
