La portavoz del Partido Popular en Torrent, Amparo Folgado, ha denunciado la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad de Torrent en la rueda de prensa celebrada junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en la que se ha dado a conocer la iniciativa popular para acabar con la ocupación ilegal de viviendas.
La portavoz popular ha destacado que “Torrent es una de las ciudades más castigadas por la ocupación ilegal de viviendas, no solo en el Casco Urbano sino en El Vedat, las urbanizaciones del término y Calicanto, como se ha podido ver en toda España este fin de semana”.
Folgado ha explicado que los populares de Torrent han tenido que mediar este verano para defender los derechos de los propietarios de viviendas ocupadas en la ciudad. En este sentido ha recordado las actuaciones realizadas para visibilizar el problema y el éxito obtenido en un chalet ocupado hace dos meses.
La portavoz del PP en Torrent también ha explicado la forma en que actuó contra los ocupas ilegales en su etapa de alcaldesa, "con actuación policial e inmediatez para lograr que los propietarios pudieran recuperar sus viviendas de inmediato", como fue el caso de las ocupaciones ilegales en las viviendas del IVVSA.
Folgado también ha apuntado “Torrent no ha construido ni un palmo de vivienda pública en los últimos cinco años con el gobierno de Jesús Ros” y ha recordado que “en cada Pleno preguntamos por el número de viviendas sociales y actuaciones en las familias más necesitadas, ya que lo más importante es trabajar con estas familias y evitar que caigan en manos de mafias, que les lleven a ocupar viviendas con los problemas que eso conlleva para ellos mismos”.
Mompó pedirá acciones en la Diputación contra los okupas
Por eso Mompó ha anunciado que el Grupo Popular en la Diputación de Valencia va a reclamar la creación de una oficina, a través de un convenio con el Colegio de Abogados, para prestar asesoramiento jurídico a los ayuntamientos y coordinar las acciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías locales.
Esta oficina, según la petición del PP, también prestaría asesoramiento en mediación para atender a las víctimas de ocupaciones ilegales de viviendas y a las comunidades de vecinos de los inmuebles que se vean afectados por esta lacra social.