El PP pide explicaciones a la Generalitat por no cumplir el acuerdo con la UPV sobre Agrónomos

El concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia, Giner Corell, ha anunciado la ampliación del escrito que presentó al Consell Valencià de Cultura hace más de un mes sobre los derribos de la Escuela de Agrónomos tras tener acceso a nueva documentación.

Asimismo, los populares han pedido explicaciones a la Generalitat por no cumplir el acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia que en noviembre de 2017 aprobó la enajenación con la premisa de que se respetaran los valores arquitectónicos del inmueble diseñado por Moreno Barberá.

“Es obvio que se ha incumplido el acuerdo y que el Consell debe dar explicaciones al respecto”, ha señalado. En el mismo sentido, Giner Corell ha desvelado que el folio 6 de la escritura pública de compraventa, de 19 de diciembre de 2017, incluye una estipulación en la que “la adquirente se obliga a respetar los valores arquitectónicos del inmueble” (estipulación tercera), una obligación que a todas luces se ha incumplido por parte de la Generalitat a la vista los derribos producidos en este conjunto arquitectónico.

Para los populares, el problema de fondo son las formas, vaivenes y la falta de seguridad jurídica con la que ha actuado el Consell y el Ayuntamiento de Valencia: “No se cuestiona la necesidad de ampliar el Hospital Clínico, lo que denunciamos son las formas y la doble vara de medir de la izquierda respecto al patrimonio de esta ciudad.”

Ante las dudas manifestadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio sobre el valor patrimonial de los pabellones de la EUITA, ya demolidos, “se debería haber consultado, con carácter cautelar, a nuestros principales órganos consultivos en materia de cultura, solicitado un estudio técnico al respecto y/o aplazado la autorización de estas actuaciones hasta la entrada en vigor del Plan Especial de Protección de Blasco Ibáñez”.

Como ha recordado Giner Corell, “la ficha pormenorizada del Catálogo (2015), donde se incluye la antigua EUITA dentro del entorno de protección del Bien de Relevancia Local de la Escuela de Agrónomos, tiene carácter de protección cautelar hasta su aprobación definitiva y en ella hay suficientes indicadores de las razonables intenciones de establecer la protección patrimonial de estas piezas de Agrícolas que, como mínimo, aconsejaban la adopción de medidas cautelares por parte de nuestras Administraciones Públicas”

Por el contrario, tanto la Dirección General de Cultura como el Ayuntamiento de Valencia, a instancias de la Conselleria de Sanidad, máximos responsables de ejercer esta protección real y, en su caso, cautelar y preventivamente, “no han dudado en hacer uso de todas las triquiñuelas legales para soslayar esta protección, abdicando de su obligación de vigilancia y evidenciando su falta de sensibilidad por la cultura valenciana y los elementos que la significan”, ha manifestado Giner Corell, quien ha recordado que “la reciente Declaración de Interés General del Hospital Clínico Universitario de Valencia, acordada el pasado 5 de febrero por el Consell, no puede blanquear retroactivamente estos derribos”.

Como ha desvelado Giner Corell, “la última de estas triquiñuelas la encontramos en la licencia municipal de la segunda fase de derribos, de fecha de 21 de diciembre de 2020, en la que el Ayuntamiento de Valencia condiciona su concesión “al cumplimiento, en el futuro edificio que se vaya a ejecutar en dicha ubicación, de las tres cautelas indicadas en el informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio” de 11 de diciembre de 2020. “¿Qué sentido tiene que se determinen los valores culturales y arquitectónicos que presenta el inmueble una vez derribado? Mucho nos tememos que los derribos se hayan acometido sin la adopción previa de estas tres cautelas”, ha manifestado.

Por otra parte, desde el PP también se ha registrado una batería de preguntas para conocer si se han respetado, en la segunda fase de derribos, las cautelas marcadas por Cultura, tres cautelas indicadas en el informe de la Dirección General de Cultura de fecha de 11 de diciembre de 2020, “ante la falta de un estudio exhaustivo sobre los valores de la zona a demoler”