El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, un Real Decreto de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, que conlleva, además, la adecuación de la planta judicial.
En el caso de l'Horta, el RD determina la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de Quart de Poblet y de Mislata, como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia en el RD aprobado hoy.
El objetivo es extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, a fin de lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento.
También se da respuesta a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal. Se avanza así, desde la Administración de Justicia, en el cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En definitiva, conseguir una óptima prestación del servicio público, tanto a las víctimas de violencia de estos partidos judiciales como al resto de los ciudadanos, que recibirán una mejor atención de los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, que no tendrán que asumir los asuntos ordinarios civiles y penales junto con los de violencia de género.
En palabras del ministro Félix Bolaños, este aumento de la planta judicial “es una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país. El impacto que la buena marcha de la Administración de Justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades”.
