Esta medida se deriva de la “aplicación estricta” de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que exige una forma de gestión de este tipo de servicios “más eficiente y económica” y, por ello, se encargará la gestión de Gespa a una empresa privada.
Desde el equipo de Gobierno recordaron que “no hay despidos sino subrogación del personal” y añadieron que “los informes de Intervención y Secretaría han sido tenidos en cuenta en la propuesta”.
En el mismo sentido, el alcalde, Lorenzo Agustí, recordó que “las leyes están para cumplirlas y esta nueva Ley exige que cada administración asuma una serie de competencias y además que las preste de la forma más eficiente y económica posible”. Agustí reiteró que “no vamos a dejar de prestar ningún servicio sino que vamos a reclamar a cada administración que asuma el coste de acuerdo con la Ley”.
Desde el equipo de Gobierno recuerdan que el artículo 57 bis de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales establece la Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas. Por tanto, el Ayuntamiento pedirá la delegación de competencias necesarias o firmará los convenios oportunos con el resto de administraciones para seguir prestando todos los servicios que le corresponden al ciudadano, garantizando la ley el pago al Ayuntamiento de éstos por parte de la administración competente.
Agustí añadió que cuando el PP llegó a la Alcaldía en 2007 todos los servicios estaban privatizados, por un coste de 18 millones de euros. Con la creación de Gespa y la municipalización de muchos servicios, Paterna ha ahorrado, según el equipo de Gobierno, más de 10 millones de euros pues el coste de todos esos servicios en 2013 fue de algo más de 7 millones de euros y, añadió que con la nueva ley, el próximo ejercicio, los mismos servicios costarán 5, 7 millones de euros al Ayuntamiento.
El PSPV, por su parte, anunció que si llega a gobernar en 2015, declarará lesivo para la ciudadanía el acuerdo ayer aprobado para que se declare nulo mientras que EU y Compromís anunciaron su intención de poner el proceso de “venta” de Gespa en manos de la Fiscalía para que investigue posibles irregularidades.
