En la reunión ha quedado patente la preocupación en los municipios ante la posible entrada en vigor el próximo 1 de enero de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que supondría la pérdida de competencias de los ayuntamientos en las materias de política social. Los alcaldes han insistido en la necesidad de solicitar al Gobierno una moratoria que aplace la entrada en vigor de la ley.
