Los presupuestos de 2018 de la Diputación de Valencia destinados a la atención social primaria triplican su cuantía respecto a la anterior legislatura hasta alcanzar los 12 millones de euros, y 50 millones irán para ayudas de carácter social y educativo a través de diversas áreas.
La Diputación pretende, junto a la Generalitat y los ayuntamientos, "construir unos servicios sociales dignos, arraigados al territorio, bien dotados y sin discriminación a la ciudadanía", según ha añadido la diputada de Inclusión social primaria, Rosa Pérez Garijo.
La institución provincial se suma a la iniciativa impulsada por la Generalitat 'Los servicios sociales son la cuarta pata', una campaña de divulgación con la cual se pretende poner en valor los servicios sociales municipales y sus profesionales.
La diputada de Inclusión Social ha recordado que solo en la convocatoria de Servicios Sociales Generales, la corporación provincial ha pasado del 0,87 % del presupuesto en 2015 al 2,59 % en 2018 "pasando de un sistema asistencial y burocrático a uno de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia social".
En sus tres años de gobierno, el esfuerzo de la Diputació para apoyar las estructuras técnicas de los equipos sociales de base ha supuesto un incremento del 478%. Este 2018 se invertirá la suma de 6.856.052 euros, lo que ha propiciado un mayor ratio de atención: de un profesional de atención directa por cada 5.400 habitantes, la cifra ha pasado a 2.091 habitantes.
Asimismo, los representantes provinciales han señalado el incremento de la financiación y la cobertura a todos los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes. Concretamente, se trata de una subvención, inexistente en 2015, de 571.136 euros que beneficiará a 40 entidades locales, las cuales engloban a 147 ayuntamientos de las comarcas valencianas.
Otra de las líneas generales que han visto aumentada su dotación es la partida destinada a la movilidad de los profesionales. Con un 22% más que el pasado año, el área de Inclusión Social invertirá 78.382 euros a 26 entidades locales. Además, incorpora la figura del asesor jurídico, una subvención para la contratación de un abogado para el apoyo, asesoramiento y orientación a todos los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes.
Además, incorporará la figura del asesor jurídico, una subvención para la contratación de un abogado para el apoyo, y asesoramiento y orientación a todos los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes.
