El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha calificado de “artimaña” el acuerdo adoptado en la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), sobre el uso del remanente de los ayuntamientos, que se ha alcanzado con el voto de calidad del presidente, por considerar que “con esta decisión el Gobierno se va a financiar con el dinero de los municipios. Eso no ha sido una propuesta para dar solución a las exigencias de los ayuntamientos”.
El alcalde Ribó y la vicealcaldesa deberían explicar la realidad del tercer ayuntamiento de España además de explicar cuáles han sido las respuestas del Gobierno Central ante las anteriores reclamaciones municipales”, ha manifestado el portavoz de la formación naranja en el consistorio valenciano, Fernando Giner.
Desbloquear el parón de Dependencia, con casi 8.000 solicitudes en trámite
Por otra parte, el concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Javier Copovi, ha denunciado que hay 7.907 personas a la espera de resolución de grado de Dependencia en la ciudad y 13.833 personas a la espera de resolución de Programa Individual de Atención (PIA), y a pesar del esfuerzo del personal de los Centros Municipales de Servicios Sociales se están grabando en el sistema ADA de la Conselleria de Igualdad las solicitudes de Febrero de 2020 para obtener la ayuda de Dependencia.
“Hay 5.413 peticiones presentadas en los distintos Centros Municipales de Servicios Sociales de Valencia en trámite o en espera desde 2017, según una respuesta que nos ha facilitado la delegación de Bienestar Social a una pregunta formulada a la Comisión de Bienestar Social pero, en nuestra opinión, lo más sangrante es que hay 7.907 personas a la espera de la resolución de esa petición de grado de dependencia y 13.833 a la espera de resolución de la prestación o PIA , resoluciones que se tramitan desde la Conselleria”, ha explicado el edil Javier Copoví.
El edil Copoví ha explicado que “a está inadmisible, desagradable e injusta situación hay que añadir que el personal de los centros municipales, donde se inicia el proceso, debe afrontar las quejas cuando los solicitantes acuden a los centros a saber algo de su solicitud a los tres, seis, doce, dieciocho e incluso más de 24 meses, y no quien resuelve que es consellería. Esto les origina tensión, estrés y agobio y colapsa los teléfonos y asistencia repercutiendo en la situación emocional y laboral y genera conflictos entre los usuarios y el personal de los centros, y ralentiza las nuevas solicitudes. No sería nada anormal que está situación produzca bajas en los trabajadores y en muchos casos asistencia psicológica”.