La Diputació de València ha decidido que la empresa madrileña Afianza Asesores sea la encargada de iniciar la liquidación de Divalterra, una vez aprobado en pleno el dictamen para la absorción de la plantilla por parte del Consorcio Provincial de Bomberos y la propia Diputación. El nombre de Afianza figura en el informe conjunto de Intervención y Secretaría en el que los habilitados nacionales la consideran “la oferta profesionalmente más adecuada”. La propuesta se llevará a la Junta General de Divalterra del próximo martes.
Una vez definido el proceso de transferencia de las funciones de Divalterra al Consorcio y la corporación provincial, se procede a la disolución y liquidación de la empresa siguiendo las reglas del Derecho Mercantil. El liquidador, cuyo fin es disolver la sociedad conforme a la ley y rindiendo cuentas a la propiedad a través de la Junta General, será propuesto la próxima semana en la Junta posterior al pleno ordinario de junio, a raíz del informe de los habilitados nacionales que recoge el escrito presentado por el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, para la disolución de Divalterra y el nombramiento de liquidadores.
El informe de los habilitados nacionales en la corporación provincial incluye la recepción de ofertas presentadas por profesionales con acreditada experiencia en procesos de liquidación de empresas, en un proceso en el que se invitó a participar en la función de asesoramiento a la Cámara de Comercio de Valencia. El secretario y el interventor explican que tras valorar positivamente las opciones más idóneas entre precio y experiencia del equipo, tratando de que fuera multidisciplinar con competencias en las áreas mercantil jurídica, económico-financiera y laboral, se ha optado por destacar la propuesta de Afianza Asesores, “una de las firmas de consultoría económica y jurídica más importantes en el ámbito nacional”.
Control de la liquidación
La participación de los habilitados nacionales va más allá de la elección de la empresa que ejecutará el cierre de Divalterra, dentro de la hoja de ruta marcada por el presidente Gaspar, que decidió apartarse del proceso de selección y “dejar trabajar a los que saben, de la mano de la ley”. En este sentido, la sociedad mercantil Divalterra será sometida, hasta su extinción, al control financiero ejercido por la Intervención de la Diputació de València.