La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta sobre una creciente ola de robos en las instalaciones de riego de la Comunidad Valenciana. En concreto, la entidad constata al menos seis asaltos en entidades de riego de la comarca de l’Horta Sud, cuyas reparaciones alcanzan hasta los 9.000 euros en algunos casos. Los agricultores afectados no descartan que se trate de la misma banda de ladrones.
5 casos en una sola semana
Otro asociado de AVA-ASAJA ha notificado hasta cinco casos en una sola semana en fincas de localidades de l’Horta Sud. Según el asociado, que es electricista y ha reparado estas instalaciones, todas las fincas estaban valladas y el modus operandi de los ladrones fue el mismo: de noche rompen la valla que rodea la finca y acceden a las instalaciones de riego forzando la entrada o la ventana para conseguir cobre. Comentó que son 300 euros que pueden llegar a ganar los ladrones con 90 kilos de cobre robado, mientras que al afectado puede llegar a costarle entre 5.000 y 6.000 euros reparar los destrozos ocasionados.
Según datos ofrecidos por la organización agraria, los robos cometidos en el sector agropecuario de la Comunitat Valenciana en 2023 generaron pérdidas superiores a los 30 millones de euros, un incremento del 20% respecto a 2022.
AVA-ASAJA exige a las fuerzas de seguridad la intensificación de la vigilancia en las explotaciones agropecuarias y centros de recepción de las mercancías robadas. Además, solicita un endurecimiento del Código Penal para imponer penas más severas frente a la acumulación de hurtos en el medio rural.
La entidad agraria manifiesta también la necesidad de agilizar los trámites para interponer denuncias, los asociados que las han interpuesto lamentan que las administraciones les hayan hecho pasar por procesos burocráticos como la necesidad de pedir cita previa, y volver a presenciarse ante la Guardia Civil dos días después para conseguir tramitar la denuncia. La importancia de facilitar estos trámites es primordial para que la Delegación del Gobierno pueda disponer con datos reales sobre los delitos cometidos y tomar medidas efectivas contra la problemática.