ACAIP-UGT, sindicato mayoritario de prisiones, denuncia el deterioro de la sanidad penitenciaria en el centro de Picassent, un mal que extiende a las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Según los últimos datos del portal de transparencia, señala el sindicato, en el caso concreto del Centro Penitenciario de Picassent, el número de facultativos para atender a una población reclusa de más de 2100 presos es de 6, claramente por debajo de los 22 que según la relación de puestos de trabajo deberían existir.
Una primera consecuencia lógica de este déficit de atención primaria en las prisiones, advierte la formación sindical, es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, que consumen gran cantidad de recursos ya que, para realizarlas, es necesaria la coordinación de la prisión con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios sanitarios, de manera que se asegure tanto el traslado, como el tiempo de permanencia en el hospital asignado, lo que conlleva, a su vez, la priorización de esta atención frente a la de la población en general, independientemente de la gravedad de la misma.
Esto supone que, en ocasiones, especialmente el medio rural quede totalmente desprotegido, ya que es necesario destinar los efectivos allí asignados a realizar la vigilancia de este tipo de traslados.
Los datos oficiales de la Administración penitenciaria recogen que en el año 2023 se produjeron 681 salidas urgentes de internos para ser atendidas en Hospitales, todas y cada una con su correspondiente escolta de Guardia Civil. Asimismo, en dicho año, se produjeron 4700 salidas programadas a consultas en hospitales.
Esta falta de facultativos se traduce también en problemas en el interior de los centros donde el 30% de los reclusos sufre algún tipo de patología mental y existe un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis. La ausencia de una atención adecuada provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por la falta de médico.
La población reclusa tiene necesidades distintas a la población en general que debe ser atendida conforme a la realidad del día a día de los centros penitenciarios. Desde ACIP-UGT exigen que se aporten soluciones tanto desde la administración central como desde las distintas autonomías que deberían haber asumido las competencias sanitarias tal y como promulga la Ley de Cohesión sanitaria de 2003.
