El proceso de adjudicación se paralizó siendo alcaldesa la popular Elena Martínez al tener conocimiento de que la empresa que había resultado adjudicataria podría tener denuncias previas por maltrato animal. Mientras se investigaba este punto, la citada empresa, con sede en Zaragoza, llevo a los tribunales la paralización del proceso y ahora, el Consistorio está pendiente de una resolución judicial que podría suponerle un gasto en concepto de indemnización a la empresa que resultó adjudicataria en un concurso público.
El problema es que los pliegos, que ahora el pleno ha declarado lesivos para los intereses del municipio, no incluían explícitamente la prohibición de sacrificar a los animales. Por ello, la propuesta del equipo de Gobierno socialista es retomar el proceso paralizado declarando lesivos aquellos pliegos e iniciando la redacción de unos nuevos para volver a adjudicar el servicio mientras los tribunales se pronuncian al respecto.
El alcalde, Juan Antonio Sagredo, se ha comprometido, a petición del concejal de EU, Javier Parra, a que el nuevo concurso cumpla con todas las garantías de publicidad y transparencia que marca la ley y ha advertido de que, para la redacción de los nuevos pliegos, los responsables municipales contarán con el asesoramiento de asociaciones y protectoras con larga trayectoria en la garantía del bienestar de los animales.
