La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud ha anunciado este lunes que presentará un recurso de apelación ante el auto dictado por el tribunal de instrucción número 3 en el que argumentará "la necesidad de que el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, sea considerado como persona investigada".
Desde la entidad han señalado que presentaron su querella el 29 de enero de 2025 contra el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y respuesta a las Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, además de contra Pradas y Argüeso.
La Asociación considera que la jueza "está realizando una gran labor de investigación, así como recopilación de información vital para conocer la verdad y obtener justicia" y expresa que "reitera su confianza en la justicia en general y en esta jueza en particular", aunque "no comparte algunas de las decisiones tomadas".
El colectivo cree que es "acertada y necesaria" la posible testificación de diferentes técnicos del sistema ES-Alert y también considera que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debería comparecer como testigo tal y como piden en su querella.
Asimismo, entienden que la magistrada "considera que ante su situación de aforamiento y estar acusado por otras querellas, no se puede tomar una decisión en estos momentos tal y como argumenta en el auto de hoy 10 de marzo 2025". "Esperamos una posterior decisión al respecto", destacan.
No obstante, subrayan que "no entienden ni comparten" que "se inadmita la investigación contra el presidente de la CHJ, ya que la confederación desbloqueó el peligro de inundación", que, a su juicio, "agravó el peligro que se venía encima".
Por todo ello, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud presentará por medio del bufete de abogados, recurso de apelación ante el auto dictado por el tribunal de instrucción número 3 argumentando la necesidad "a nuestro entender, de que el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sea considerado como persona investigada".
