El Ayuntamiento de Torrent ha criticado, en un comunicado enviado a los medios, la "percepción de abandono" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante su "silencio" desde la última reunión que mantuvieron el pasado 17 de diciembre para abordar medidas tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.
Además, el ayuntamiento de Torrent ha reclamado la asignación de un presupuesto adecuado, ya que rechaza que "la falta de recursos se utilice como excusa para justificar la inacción. Es responsabilidad de la CHJ gestionar de manera eficiente los recursos disponibles y buscar soluciones reales y urgentes para afrontar los retos hídricos".
Según expone, el Ayuntamiento de Torrent, "ante la inacción del Gobierno central y la CHJ", ha iniciado la contratación y ejecución de obras de reconstrucción, aunque "la magnitud de los destrozos requiere inversiones que el presupuesto municipal no puede cubrir por sí solo".
A pesar de esta situación, el equipo de Gobierno municipal ha asegurado no haber recibido ninguna respuesta a las peticiones que realizó en la reunión del 17 de diciembre, "silencio institucional que no solo es una muestra de falta de compromiso, sino también de una alarmante indiferencia hacia los problemas que afectan a Torrent".
En este encuentro, el consistorio presentó a la CHJ un informe sobre los daños ocasionados en el barranco y la urgente necesidad de acometer actuaciones preventivas para evitar crecidas "que suponen una amenaza constante para los habitantes de la zona. Sin embargo, los representantes de la CHJ se limitaron a afirmar que lo estudiarían y que solo existían 15 millones de euros para todo el barranco del Poyo, desde Chiva a Torrent".
Para el ayuntamiento de Torrent, "este reconocimiento de falta de recursos no solo es inadmisible, sino que evidencia una mala gestión de las prioridades en la administración pública" al afirmar que la misión de la CHJ es garantizar la seguridad hídrica y proteger los recursos naturales y humanos de su demarcación.
Al respecto, el Ayuntamiento de Torrent señala que el barranco afectado "no es un caso aislado ni reciente", ya que consistorio, vecinos y asociaciones de la zona llevan "años" alertando de la falta de mantenimiento, la acumulación de sedimentos y residuos y la inexistencia de planes preventivos para minimizar el impacto de episodios de lluvias torrenciales.
"El silencio a ofrecer respuestas claras y la inexistencia de medidas concretas pone en tela de juicio no solo la eficacia de la gestión de la CHJ, sino también su compromiso con los municipios afectados", asevera, y ve "especialmente preocupante que no haya sido capaz de presentar siquiera un plan básico de actuación". A su juicio, resulta "indignante" que se prioricen otros proyectos o inversiones en lugar de atender necesidades urgentes.
Préstamo de 6,5 millones para hacer frente a la DANA
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrent ha recurrido a la solicitud de un préstamo y ya ha contratado actuaciones de emergencia por 6.497.648 euros. Este endeudamiento, "aunque necesario para garantizar la seguridad y el bienestar", es en su opinión "una carga" que no debería asumir en solitario.
Sin embargo, Torrent ha informado que de momento no ha recibido "ninguna confirmación de ayuda económica ni la más mínima intención de colaboración. Cada día que pasa sin respuestas agrava la sensación de abandono y desigualdad".
"Torrent no puede esperar más"
Para el concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, la postura de la CHJ parece reflejar un "desconocimiento de la urgencia y la envergadura de las actuaciones. Este escaso compromiso financiero pone en entredicho su capacidad para asumir sus responsabilidades en la gestión del dominio público hidráulico, dejando la totalidad de la carga económica en manos del Ayuntamiento de Torrent".
El consistorio torrentino ha recalcado que "va a seguir exigiendo y trabajando con todas las instituciones competentes" para que "en un futuro que no se vuelvan a repetir estos graves daños. Torrent no puede esperar más. La reconstrucción no es solo una cuestión económica, sino una obligación moral del Gobierno de España con los ciudadanos que han sido olvidados en medio de esta crisis".
