El Juzgado de lo Penal número 6 de València ha condenado a los cuatro activistas que se opusieron al desalojo de Forn de Barraca, centenaria alquería expropiada y derribada por las obras de la autovía V-21 de Valencia, al pago de una multa de 1.260 euros.
El juez condena a una de las activistas como responsable de un delito de resistencia, mientras que estima que los otros tres condenados cometieron un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
Los hechos se remontan al 16 de julio de 2018, cuando la Administración pública ocupó a título de expropiación la finca ubicada en Alboraia para realizar las obras del proyecto de ampliación a tres carriles del tramo Carcaixent-Valencia de la V-21, declaradas urgentes por acuerdo del Consejo de Ministros.
La actuación de la Administración y la necesidad de demoler la casa, en estado de abandono, provocó el rechazo de diversas plataformas cívicas y ciudadanos no identificados que, en fecha 18 de septiembre de 2019, accedieron al inmueble y permanecieron en él de forma ininterrumpida con la finalidad de evitar su demolición.