Decenas de vecinos de Godella se han manifestado este lunes a las puertas de Les Corts Valencianes en protesta contra la destrucción del bosque periurbano de la Torreta del Pirata que supone el PAI de la Cañada de Trilles, que construirá 447 viviendas en "la última zona verde" de esta localidad de la comarca de l'Horta Nord.
El portavoz de la asociación, Jesús Pancorbo, ha explicado que la actuación urbanística data de 2004, se aprueba en 2006 y, como no se ejecutó por la crisis de 2008, en 2016 se trató de darlo por caducado "pero este trámite municipal se hizo fuera de plazo, lo que lo invalidó. Y eso a pesar de que el Síndic de Greuges ha advertido al Gobierno municipal de que debe dar por caducado el PAI". Ante ello, según los convocantes, el Ayuntamiento decidió prorrogar y ejecutar el plan urbanístico.
Pancorbo ha criticado lo que ha considerado escasa transparencia del consistorio sobre el coste de la decisión al afirmar que "Compromís, una de las partes del Gobierno, decía que caducar el PAI costaría 6 millones de euros, y ahora el PSPV dice que costaría 150".
Pancorbo ha recordado que la asociación de vecinos ha entregado "miles de firmas" sin respuesta y ha presentado 400 alegaciones pero "sin que ninguna de ellas haya derivado en alguna medida correctiva".
Por su parte, la también portavoz de la asociación, Cristina Azpitarte, ha considerado que en Godella "no se necesitan casi 500 viviendas nuevas". Azpitarte ha asegurado que la actuación agravará el problema de inundaciones que sufre la localidad, y se ha referido al proyecto de "balsa de laminación", "una especie de piscina que retendrá el agua de lluvia".
Según la portavoz vecinal, "tenemos informes de la Universitat Politècnica de València que dicen que eso es una barbaridad. Campolivar no tiene las canalizaciones preparadas para 500 viviendas nuevas, a lo que se suman los 1.200 vehículos nuevos, con la consiguiente contaminación".
Para Azpitarte, el ayuntamiento "afirma que si no ejecutan el PAI tendrán que pagar una indemnización, pero el incumplimiento es del Ayuntamiento, no es problema de los vecinos. El interés general está por encima del negocio".
Además, ambos representantes vecinales han criticado la "criminalización" de la protesta tras la denuncia contra varios vecinos y su declaración en dependencias policiales la pasada semana.
