Podem Mislata ha afeado al equipo de Gobierno de Mislata por no responder a una petición presentada en octubre de 2021 para mejorar el derecho a la vivienda digna en el municipio.
Podem Mislata también pedía destinar una partida presupuestaria específica para la adquisición de viviendas en los presupuestos del año próximo y promocionar la Unidad de Ayuda Antidesahucios de la Generalitat, en los medios de comunicación y redes sociales municipales.
Según la formación morada, el derecho a petición es un derecho fundamental recogido en el artículo 29 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001.
Según esta ley orgánica “la administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad”.
Además, según el texto de la citada ley, “una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación”.
Sin embargo, siempre según Podem Mislata, el Ayuntamiento de Mislata no ha realizado ninguna de las notificaciones obligadas por la ley orgánica y el derecho a petición como derecho fundamental de la Constitución.
